La memoria de la derecha a 40 años

Comprender el discurso de la derecha chilena respecto a la dictadura resulta, en ocasiones, casi imposible. Las sociedades construyen su memoria en base a vivencias personales y colectivas, las adaptan según sus necesidades, ya sea por comodidad, protección o conveniencia. Esta memoria puede apoyarse en la historia oficial o alejarse de ella. Sin embargo, en el caso de la derecha, el ejercicio de memoria histórica ha sido particularmente regresivo. No solo por su incapacidad de avanzar hacia un pensamiento de reconciliación y justicia, sino también por el contraste con la incansable labor de quienes han luchado por los derechos humanos y por la memoria de las víctimas.

Durante la dictadura, madres, padres, hermanos, hermanas, hijas e hijos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos vencieron el miedo y salieron a las calles. En múltiples ocasiones, recorrieron la Alameda con pancartas, fotografías y gritos que relataban las historias de sus seres queridos. Esa lucha valiente, silenciosa y persistente, sembró una conciencia colectiva que fue decisiva para que, con el retorno a la democracia, las violaciones a los derechos humanos comenzaran a ser ampliamente condenadas. A pesar del paso del tiempo y la deuda de justicia aún pendiente, estas organizaciones cumplieron un rol fundamental al instalar el debate en todos los espacios, incluidos los políticos y educativos. Su aporte fue tan profundo que ni siquiera ellos imaginaron la magnitud de su legado.

Hoy, la derecha no puede justificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura bajo el argumento de haber "salvado al país del marxismo internacional". En su afán por encontrar una explicación racional a lo que fue una cruenta barbarie, han optado por modificar su discurso y distorsionar su memoria. Un ejemplo común es la frase “lo que pasó en la UP”, que pretende equiparar el boicot económico promovido por Estados Unidos y el desabastecimiento con un golpe de Estado y 17 años de represión. Esta postura representa no solo una tergiversación de los hechos, sino también una grave irresponsabilidad histórica.

Más preocupante aún es el discurso de las nuevas generaciones de la derecha, especialmente entre jóvenes gremialistas, quienes han intentado desvincular el golpe de Estado de las violaciones a los derechos humanos. Afirman que los crímenes fueron responsabilidad de "grupos aislados" dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual minimiza la sistematicidad del terrorismo de Estado. Esta narrativa recuerda peligrosamente a la Alemania de posguerra, donde muchos se preguntaban: ¿y quiénes fueron nazis?, como si nadie hubiera sido parte de ese régimen.

Este intento de reinterpretación evidencia que, frente a una sociedad que hoy rechaza transversalmente la violencia y el autoritarismo, la derecha se ve obligada a alterar sus recuerdos para encajar en el presente. Para justificar lo injustificable, han creado un relato paralelo donde el golpe significó “libertad”, la dictadura trajo “progreso”, y las atrocidades cometidas fueron errores aislados. Todo esto a pesar de la abundante evidencia histórica, judicial y documental que demuestra lo contrario. Se trata de un ejercicio deliberado de negacionismo, cuyo único propósito es proteger un legado que no resiste el juicio ético ni histórico.

El 11 de septiembre de 1973 es una fecha que muchos quisiéramos borrar de nuestra memoria. Es comprensible: el ser humano tiende a olvidar lo que le duele. Sin embargo, en sociedades heridas por el autoritarismo, la memoria no es solo un derecho; es también un deber. Recordar es fundamental para construir un futuro distinto, donde la verdad y la justicia sean pilares inquebrantables de nuestra democracia.